El reciente episodio protagonizado por el representante Duvalier Sánchez en la Gobernación del Valle volvió a encender el debate sobre los límites entre el control político y el espectáculo mediático. Una veeduría ciudadana anunció que pedirá a la Procuraduría investigar su actuación, tras la difusión de un video en el que el congresista lanza acusaciones generales de corrupción contra funcionarios.
Según el veedor Angello Vásquez, el hecho habría ido más allá de una visita institucional, convirtiéndose en una confrontación pública que generó tensión dentro de la entidad. Incluso señalan que el material divulgado no mostró momentos en los que funcionarios se ofrecían a acompañar el proceso formal de denuncias ante la Fiscalía.
El caso refleja una tendencia cada vez más evidente: la política trasladándose a las redes sociales, donde el impacto inmediato pesa más que la verificación rigurosa. En ese escenario, las denuncias se vuelven virales antes de ser sustentadas, y el control político corre el riesgo de transformarse en un acto de presión mediática.
Nadie discute que vigilar a las instituciones es una función legítima del Congreso. Pero su fuerza depende del respaldo probatorio, no de la intensidad del discurso. Cuando las acusaciones se generalizan sin pruebas claras, no solo se exponen a consecuencias legales, sino que también se alimenta la desconfianza ciudadana.
Más allá de lo que determine la Procuraduría, el episodio deja una lección: en tiempos de polarización, la política necesita más rigor y menos espectáculo. Porque cuando la institucionalidad se convierte en escenario, la credibilidad pública termina siendo la principal afectada.
