La propuesta de aumentar el salario mínimo en un 23 % ha encendido alertas entre economistas y empresarios por sus posibles efectos sobre el empleo, la informalidad y la inflación.
Según Juan Pablo Herrera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, un incremento de esta magnitud elevaría de forma significativa el costo real para los empleadores, especialmente para las microempresas, que representan el 91,7 % del tejido empresarial del país.
Herrera explicó en un medio radial nacional que, además del salario y el auxilio de transporte, los empleadores deben asumir una carga prestacional del 51,6 %, lo que llevaría el costo mensual por trabajador a cerca de $2,65 millones. Este escenario podría forzar despidos o impulsar acuerdos laborales informales.
Otro riesgo clave es el aumento de la informalidad laboral, que ya supera el 56 %. Al encarecerse el empleo formal, más trabajadores podrían quedar por fuera de la seguridad social.
Además, un alza por decreto, sin respaldo en la productividad, podría presionar la inflación, ya que múltiples tarifas, servicios y multas siguen indexados al salario mínimo, encareciendo el costo de vida.
Para los expertos, el debate no debe centrarse solo en el porcentaje del aumento, sino en cómo proteger el ingreso sin poner en riesgo el empleo y la estabilidad económica.
