El millonario “festín” de la vigilancia y el sospechoso silencio de sus guardianes políticos
Mientras el país asiste atónito a las revelaciones de la periodista Darcy Quinn sobre un “chat del escándalo” donde directivos del SENA piden “manejar a la prensa porque nos están cascando”, en el Valle del Cauca el panorama es aún más desolador. Una licitación de $200.000 millones de pesos para seguridad privada se ha convertido en el epicentro de un terremoto administrativo que, extrañamente, ha dejado mudos a los políticos más ruidosos del departamento.
La Licitación de “Uno Solo”
El escándalo, que estalla en plena recta final de las elecciones de marzo de 2026, tiene un capítulo crítico en la Zona 4 (Valle del Cauca). Según denuncias de la Red de Veedurías de Colombia, los pliegos de condiciones habrían sido diseñados “a la medida”, con requisitos tan técnicos y desproporcionados que espantaron a la competencia.
El resultado es alarmante: en una región con decenas de empresas de seguridad, solo se presentó un proponente (Unión Temporal Servigpoder y Seguridad Cosmos). ¿Casualidad o un “pliego sastre” para asegurar el control de la vigilancia en las sedes de Salomia, Buga y Tuluá?
Buga: La “toma verde” que nadie denuncia
La situación en el Centro Agropecuario de Buga ha pasado de la sospecha a la denuncia penal. El sindicato SINDESENA ha roto el silencio que los políticos mantienen, denunciando una “masacre laboral” para convertir la institución en un fortín del Partido Verde.
Los señalamientos apuntan directamente a la influencia del representante Duvalier Sánchez. El sindicato afirma que expertos de años han sido reemplazados por fichas políticas, mientras el congresista, usualmente activo en redes denunciando la corrupción ajena, guarda un silencio sepulcral sobre lo que ocurre en su propia “finca” electoral.
Salomia y Tuluá: Los “fiscales” que perdieron la voz
No menos inquietante es la posición de Alfredo Mondragón y Wilson Arias. Mondragón, cuya carrera se forjó en las bases sindicales de Cali, parece no notar las irregularidades en la sede de Salomia. Por su parte, el senador Arias, histórico fiscal de los desmanes en el SENA, parece haber bajado las banderas de la fiscalización ahora que la dirección nacional de la entidad es aliada de su proyecto político.
Los $18.400 millones perdidos en el elefante blanco de Tuluá y los retrasos en Buenaventura ya no parecen ser prioridad en la agenda de quienes antes gritaban ante cualquier asomo de irregularidad.
¿Cambio o intercambio de favores?
La coincidencia de este escándalo con la jornada electoral de marzo de 2026 sugiere, para muchos analistas, que el SENA se ha transformado en la “caja menor” para aceitar maquinarias regionales. Mientras Darcy Quinn destapa la estrategia nacional para “tapar” el ruido mediático, en el Valle la ciudadanía se pregunta: ¿El silencio de Arias, Mondragón y Duvalier tiene precio?
El Valle del Cauca no solo exige seguridad en sus sedes; exige que sus líderes dejen de mirar para otro lado cuando el escándalo toca a su propia puerta.
Puntos clave del informe:
Cifra: $200.000 millones en juego para vigilancia nacional.
Irregularidad: Proponente único en la regional Valle por presuntos pliegos dirigidos.
Conflicto: Denuncias de SINDESENA por politización en Buga y Salomia.
