¿Este era el “cambio” prometido para el campo? ¡Qué ironía! El Valle del Cauca, la tierra que se volcó a las urnas para apoyar el actual proyecto de Gobierno, hoy recibe como “agradecimiento” un zarpazo catastral que huele a expropiación indirecta.
La denuncia, liderada por la senadora Norma Hurtado, pone al descubierto una realidad aterradora para los productores rurales. Mientras en los auditorios de Bogotá se llena la boca hablando de “justicia social”, en los municipios del Valle la realidad llega en forma de factura: notificaciones donde un predio pasa de valer $230 millones a la astronómica cifra de $3.800 millones.
El 2.000% de la discordia
No es una actualización técnica; es un salto al vacío. Un aumento del 2.000% en el avalúo catastral no es otra cosa que una soga al cuello para el campesino y el mediano productor.
“¿Realmente creen que la tierra produce billetes a la velocidad de sus decretazos?”, cuestionó con dureza la senadora Hurtado.
La trampa de la “Expropiación Indirecta”
El análisis es simple pero doloroso. Al elevar los valores de la tierra de manera artificial y desproporcionada, el Gobierno Nacional —a través del IGAC— está creando una carga tributaria impagable. Si el productor no puede cubrir el predial, solo le quedan tres opciones:
Vender a precio de quiebra para salir de la deuda.
Entregar la tierra al Estado por procesos de cobro coactivo.
Abandonar el campo, destruyendo la seguridad alimentaria de la región.
Municipios bajo fuego fiscal
Localidades como Buga, El Cerrito, Andalucía y Zarzal ya sienten el rigor de la Resolución 2057. Lo que se presenta como “modernización” es, en la práctica, un castigo financiero para quienes creyeron en una política agraria más humana.
Hoy, el Valle del Cauca se pregunta si el “cambio” consistía en convertir a los propietarios en arrendatarios de su propio suelo, pagando cánones disfrazados de impuestos a un Estado que parece ignorar que la tierra se trabaja con sudor, no con decretos de escritorio.
