Por debajo de la mesa y sin que la Fiscalía lo supiera, el Gobierno Petro montó una oficina de “negociación” paralela para sentarse con los emisarios del mayor contrabandista de Colombia. CAMBIO revela que el propio mandatario fue quien dio el primer paso.

Mientras el presidente Gustavo Petro insiste en sus redes sociales que el único trato con Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, es que se someta a la justicia, los documentos y los testimonios cuentan una historia muy distinta. La realidad es que el mandatario no fue un espectador de los acercamientos con el “zar del contrabando”; fue el anfitrión.

El encuentro en el Tequendama

Todo se remonta al mediodía del 16 de mayo de 2024. Mientras el país seguía el rastro de la captura y posterior liberación de Marín en España, Petro se tomaba una hora en un salón privado del Hotel Tequendama para hablar con la mano derecha del contrabandista: el abogado europeo Gonzalo Boye.

En esa mesa no se habló de protocolos judiciales. Se habló de “abrir un canal”. De esa reunión salió la orden directa a Laura Sarabia para que moviera los hilos y autorizara viajes de funcionarios a Madrid. No fueron “ruedas sueltas” ni agentes corruptos actuando por su cuenta, como ha sugerido el Palacio; fue una instrucción presidencial que hoy tiene al Gobierno contra las cuerdas.

Una justicia a la medida

La investigación de CAMBIO destapa que, tras ese primer café en Bogotá, se vinieron al menos diez reuniones más. El emisario estrella fue Isaac Beltrán, un asesor de la UIAF que viajó a España con viáticos oficiales y regresó con una bomba: Marín aseguraba que su red de contrabando había infiltrado hasta la campaña presidencial.

Pero lo más grave no es solo la charla, sino el tono. En los audios conocidos recientemente, se escucha a Jorge Lemus, director de la Inteligencia del Estado, ofreciendo beneficios que legalmente no puede dar. “Que el hombre venga y hable contra quien se le dé la puta gana”, soltó Lemus en una de las grabaciones, sugiriendo incluso que el caso de un contrabandista puro y duro podría entrar en la “Paz Total”.

El choque con la Fiscal

El problema para el Gobierno es que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ya se desmarcó del lío. Según ella, nunca le avisaron de estas reuniones, nunca recibió los informes de inteligencia y, básicamente, el Ejecutivo se saltó la ley. Para la Fiscalía, lo que hizo el Gobierno no fue buscar la verdad, sino “usurpar funciones”.

¿Control o búsqueda de la verdad?

Al final, la pregunta que queda en el aire es por qué, tras diez reuniones, fotos en hoteles y promesas de seguridad, Diego Marín sigue libre en Europa. Lo que empezó como una supuesta cacería contra la corrupción en los puertos —donde incluso se impusieron nombres recomendados desde la Casa de Nariño en la Aduana de Buenaventura— hoy parece más un plan sofisticado para controlar lo que el “zar” tiene por decir.

Como bien dicen las fuentes del proceso: si “Papá Pitufo” decide hablar de todo lo que sabe y de a quiénes ha aceitado en este y otros gobiernos, lo mejor será “apagar e irnos”.

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