La protesta de los transportadores tradicionales en Cali contra la administración del alcalde Alejandro Eder no se limita únicamente a los recientes bloqueos y afectaciones en la movilidad. Detrás de las manifestaciones existe un conflicto más profundo relacionado con el control del sistema de transporte público, los pagos pendientes de chatarrización y las decisiones contractuales adoptadas alrededor del MIO.
El centro de la controversia gira en torno al modelo de movilidad que impulsa la Alcaldía y Metro Cali, cuyo objetivo es consolidar al MIO como el eje principal y prácticamente único del transporte formal en la ciudad.
Según la postura del alcalde Eder, la estrategia busca fortalecer el sistema masivo mediante la integración gradual de los transportadores tradicionales al denominado Sistema de Transporte Complementario (STC). La idea, según ha explicado la administración, no sería eliminar inmediatamente a todos los buses tradicionales, sino incorporarlos bajo reglas operativas definidas por Metro Cali.
Sin embargo, varios sectores del gremio transportador consideran que este modelo representa una “absorción forzada” y un “monopolio disfrazado”. Los conductores y pequeños propietarios denuncian que para operar legalmente deben instalar validadores del MIO, cobrar la tarifa oficial y ajustarse únicamente a rutas autorizadas por el sistema, perdiendo la autonomía que históricamente tuvieron en corredores principales de la ciudad.
A esta inconformidad se suma el reclamo económico por la chatarrización de vehículos. Los transportadores aseguran que existen cientos de propietarios que aún no reciben las compensaciones prometidas por desintegrar sus buses antiguos, situación que atribuyen a problemas presupuestales y retrasos administrativos.
La tensión aumentó aún más tras la firma del denominado “Otrosí No. 13” entre Metro Cali y los operadores privados del sistema masivo, entre ellos Blanco y Negro Masivo y GIT Masivo. Este acuerdo ha sido cuestionado por sectores políticos y algunos entes de control debido a que, presuntamente, permitiría aliviar obligaciones financieras de los operadores privados mediante recursos públicos y flexibilizar compromisos relacionados con la reposición de flota.
Para los pequeños transportadores, la situación refleja un trato desigual. Mientras reclaman pagos atrasados y denuncian dificultades económicas, consideran que los grandes operadores del MIO están siendo favorecidos mediante acuerdos financieros respaldados por la administración distrital.
El conflicto continúa escalando en medio de bloqueos, protestas y crecientes tensiones entre el gremio transportador y la Alcaldía de Cali, mientras miles de ciudadanos siguen enfrentando afectaciones en la movilidad de la capital vallecaucana.
