La integración energética entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más críticos en más de dos décadas. El Gobierno colombiano suspendió las exportaciones de electricidad hacia Ecuador como respuesta a la imposición de un arancel del 30 % aplicado por Quito a la energía colombiana, una medida que alteró las reglas del intercambio bajo el marco normativo de la Comunidad Andina (CAN).
La decisión fue adoptada mediante resolución del Ministerio de Minas y Energía, que argumentó la necesidad de proteger el abastecimiento interno y evitar que decisiones unilaterales pusieran en riesgo la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional. El ministro del ramo, Edwin Palma, calificó la suspensión como una acción “firme y necesaria” ante lo que consideró una vulneración de los acuerdos regionales. “Debimos actuar para defender la dignidad del país”, afirmó.
El conflicto no se limitó al sector energético. En un giro que amplía el alcance de la disputa, Colombia impuso además un arancel del 20 % a las importaciones de productos industriales ecuatorianos, escalando el desacuerdo técnico hacia un diferendo comercial y diplomático de mayor envergadura.
Un intercambio histórico bajo tensión
Aunque Colombia también importa electricidad en momentos puntuales, la relación energética con Ecuador ha sido históricamente superavitaria. Los intercambios se realizan a través de un despacho binacional con precios de bolsa independientes, un esquema que ha generado tensiones recurrentes, especialmente cuando Ecuador ha cuestionado los valores del mercado colombiano.
La reciente decisión ecuatoriana de gravar la energía “en pie” elevó el costo final del recurso para su demanda interna y fue interpretada por Bogotá como una ruptura de las condiciones previamente acordadas.
La suspensión del suministro coincidió, además, con la activación de medidas extraordinarias en Colombia bajo el Estado de Emergencia Económica. El decreto 0044 introdujo contribuciones solidarias y disposiciones fiscales temporales orientadas a garantizar la continuidad del servicio eléctrico, particularmente en regiones vulnerables como el Caribe.
Integración regional en entredicho
Desde el sector energético se advierte que este episodio deja en evidencia las debilidades estructurales de la integración regional. A pesar de más de 20 años de interconexión mediante líneas de alta tensión que han permitido flujos bidireccionales en situaciones de escasez, no existe un organismo supranacional con capacidad técnica y regulatoria vinculante que armonice las decisiones entre países.
Analistas consideran que la crisis podría abrir la puerta a una revisión profunda de los esquemas de integración energética andina, hoy expuestos a decisiones políticas unilaterales que afectan la previsibilidad y la confianza entre los socios.
Ecuador, altamente dependiente de la hidroelectricidad, ha sufrido racionamientos severos durante períodos de sequía. En 2024, Colombia le suministró energía incluso en medio de su propio estrés hídrico, evitando apagones de hasta 14 horas. En condiciones normales, el país importa entre el 8 % y el 10 % de su demanda diaria desde Colombia.
Con la medida en vigor, se prevén impactos operativos significativos para el sistema eléctrico ecuatoriano, mientras que para Colombia el efecto será principalmente comercial.
“La integración no puede construirse a costa de nuestra soberanía ni del bienestar de la población”, concluyó el ministro Palma, dejando abierta la posibilidad de restablecer los intercambios si se recuperan condiciones de legalidad y respeto mutuo.