Hay imágenes que logran sintetizar el fracaso de una gestión con mayor crudeza que cualquier informe técnico. Una foto viralizada en la red social X encendió las alarmas esta semana: el único baño disponible en la sala de espera del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón colapsado, sucio e insuficiente para atender a los miles de pasajeros que transitan diariamente por la principal terminal aérea del suroccidente colombiano.
Ese baño humillante es el síntoma visible de un mal mucho más profundo. Mientras la infraestructura estratégica del Valle del Cauca se cae a pedazos, en las altas esferas del poder político regional se cultiva, con total discreción y asombrosa eficacia, un huerto burocrático de contratos, asesorías y notarías.
El Bonilla Aragón, que alguna vez aspiró a consolidarse como el gran hub del Pacífico, hoy acumula un inventario de vergüenzas que amenaza directamente la competitividad de la región:
El ILS apagado: El Sistema de Aterrizaje Instrumental lleva meses fuera de servicio porque la Aeronáutica Civil carece del avión necesario para su calibración. Sin este sistema, las aerolíneas internacionales se ven obligadas a desviar o cancelar vuelos.
Aislamiento internacional: Gremios clave como Propacífico y el Comité Intergremial del Valle ya han advertido que el aeropuerto está a punto de perder su categoría internacional, lo que sepultaría las rutas directas hacia Estados Unidos, Europa y Suramérica.
Abandono estructural: Los parqueaderos principales permanecen cerrados y sin operador, el sistema de aire acondicionado falla de manera sistemática y las pistas comienzan a mostrar grietas y maleza.
Ante este panorama de aislamiento inminente, lo natural sería ver a la bancada parlamentaria del Valle exigiendo un control político implacable en el Congreso. Sin embargo, el silencio imperante resulta ensordecedor. Especialmente el de Julián López Tenorio, representante a la Cámara por Palmira —municipio donde opera la terminal— y actual presidente de dicha corporación.
La moderación del presidente de la Cámara frente a la crisis aeroportuaria cobra un sentido completamente distinto cuando se examina el mapa de contratación y nombramientos de su círculo más íntimo. No se trata de prudencia legislativa; se perfila, más bien, como un conflicto de intereses de manual.
El árbol burocrático de los López:
La esposa: Beatriz Helena Galindo Lugo fue nombrada en abril de 2024 como asesora aeronáutica de la regional de Occidente de la Aerocivil —la seccional encargada de supervisar el Bonilla Aragón— con el salario más alto de la entidad ($12 millones mensuales). López lideró debates sobre el aeropuerto antes y después del nombramiento sin declarar este vínculo, ignorando las advertencias de la Misión de Observación Electoral (MOE).
El cuñado: Danny Mora Delgado ha resultado beneficiario de millonarios contratos con la Aerocivil para el suministro de uniformes y dotación de bomberos aeronáuticos.
El amigo: Carlos Eduardo Marín Rueda, cercano al congresista, ejerce como Director Territorial del Ministerio de Transporte en el Valle, la cartera matriz de la Aerocivil.
El padre: José Ritter López Peña, excongresista, recibió mediante decreto presidencial del gobierno de Gustavo Petro la codiciada Notaría 22 de Cali.
Al ser cuestionado por la prensa sobre los contratos de su cuñado con la entidad que le corresponde vigilar, López ensayó una defensa que raya en el insulto a la inteligencia ciudadana: ¿Si mis tíos tienen una panadería y hablamos de un proyecto de la harina, tendría que declararlos? Pero la infraestructura estratégica del Valle no es una bolsa de harina. Estamos hablando de la seguridad aérea, del turismo y del motor logístico de un departamento.
El florecimiento laboral de la familia López coincide matemáticamente con su giro político. Elegido originalmente bajo las banderas del Partido de la U, el congresista supo mutar rápidamente a la condición de “independiente aliado” justo cuando el proyecto del “Gobierno del cambio” requería votos urgentes en el legislativo. La lealtad en la política tradicional, como bien se sabe, tiene tarifas claras.
La lógica es perversa: quien tiene a su familia en la nómina de una entidad pierde de inmediato los incentivos para fiscalizarla. Mientras el fortín burocrático familiar se consolida en Bogotá y Cali, el Bonilla Aragón se deteriora a la vista de todos.
La ciudadanía que padece las deficiencias del aeropuerto no necesita conocer el organigrama de la Aerocivil para entender el problema; basta con intentar usar el baño. La promesa de cambio no puede traducirse simplemente en un relevo de beneficiarios del erario. Entregar el patrimonio y la conectividad del Valle del Cauca a cambio de silencio y cuotas familiares no es gestión política: es una traición al desarrollo regional que los órganos de control penal y disciplinario no pueden seguir pasando por alto.
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