El Valle del Cauca se estrena en el nuevo Congreso con la bancada más numerosa de su historia reciente

El Valle del Cauca llega al nuevo cuatrienio legislativo (2026-2030) con una bancada robusta: 22 congresistas, 9 senadores y 13 representantes a la Cámara, una de las delegaciones regionales con mayor peso dentro del Congreso de la República. En papel, es una noticia positiva para un departamento que aporta cerca del 10 % del PIB nacional. Pero el número, por sí solo, no garantiza nada. La pregunta que queda flotando tras la instalación del nuevo Legislativo este 20 de julio es si esa representación numérica se traducirá esta vez en resultados concretos para la región, o si el Valle repetirá la experiencia de los últimos cuatro años.

Una bancada diversa, con el Pacto Histórico como bloque más numeroso

La composición de la nueva bancada vallecaucana deja un dato que no puede pasarse por alto: el Pacto Histórico es, con amplia diferencia, la fuerza política con más representantes de la región, tanto en Senado (Wilson Arias, Alejandro Ocampo y Cristian Kevin Gómez Paz) como en Cámara, donde tiene seis curules (Alfredo Mondragón, Ana Leidy Erazo, Jorge Augusto Palacio, Laura Isabel Vera, Carlos Eduardo Arizabaleta y Paola Andrea Quiñones). Le siguen el Partido de la U y el Centro Democrático, con dos senadores cada uno, y el Liberal, con dos senadores también.

Esa composición importa porque no se da en el vacío: llega justo después de un gobierno saliente, encabezado por Gustavo Petro y respaldado en el Congreso por esa misma colectividad, que dejó en la región una sensación extendida de desatención, y en algunos casos, de castigo político deliberado.

Lo que el Valle dice haber vivido en los últimos cuatro años

Según denuncias de líderes gremiales, alcaldes y la propia Gobernación del Valle, el balance de la relación entre el Gobierno Petro y el departamento estuvo marcado por frenos a proyectos estratégicos y recortes presupuestales significativos, pese a que la región le dio una votación masiva al presidente en su momento.

El caso más citado es el del Tren de Cercanías, un proyecto de transporte masivo entre Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira que llevaba más de una década en estructuración. El Gobierno Nacional se negó a firmar el convenio para cofinanciar el 70 % de la obra, y al retener esa firma técnica y fiscal antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, el proyecto quedó en el limbo institucional, obligando a la región a buscar financiamiento alternativo con la banca multilateral. Congresistas del Pacto Histórico justificaron el freno alegando que la obra sería usada como vitrina proselitista por mandatarios locales opositores al Gobierno, mientras el propio Petro vinculó el bloqueo a que los congresistas vallecaucanos no le aprobaron su ley de financiamiento.

A eso se suman otros frentes: un recorte de cerca de $340.000 millones en vigencias futuras para la vía Mulaló-Loboguerrero, que dejó la obra paralizada; retrasos burocráticos en la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón; y la falta de avances físicos en promesas como el Tren del Pacífico y el dragado del canal de acceso a Buenaventura, pese a haber sido anunciados públicamente por el propio Gobierno.

En materia presupuestal, el reclamo regional apunta a una desproporción: mientras el Valle aporta cerca del 10 % del PIB del país, la asignación nacional para infraestructura en la región habría rondado apenas el 3 % del presupuesto público, con un déficit de inversión estimado en más de $6 billones según gremios de la región. Esos recortes, según denuncias locales, también golpearon partidas para acueducto y alcantarillado en Cali, obras de la Escuela Nacional del Deporte y subsidios de vivienda del programa Mi Casa Ya.

Por último, gremios productivos del departamento han señalado la falta de autoridad del Gobierno central para contener los bloqueos recurrentes en la vía Panamericana, en sectores del Cauca como La Agustina, Rosas y Piendamó, que interrumpieron de forma sistemática el transporte de carga hacia el sur del país y generaron pérdidas acumuladas para el sector agroindustrial vallecaucano.

Una advertencia, no una sentencia

Vale la pena decirlo con claridad: buena parte de este balance proviene de voces críticas del Gobierno saliente —gremios, la Gobernación y medios de comunicación con una línea editorial marcadamente opositora al Pacto Histórico—, por lo que conviene leerlo como el relato de una de las partes en disputa, no como un hecho judicial o técnico incontrovertible. El propio Gobierno saliente ofreció explicaciones políticas para varias de estas decisiones, en particular sobre el Tren de Cercanías.

Dicho esto, el patrón que describen estas denuncias —proyectos frenados, presupuestos recortados y promesas sin ejecución— es lo suficientemente consistente y documentado como para que la nueva bancada vallecaucana, sin importar su color político, lo tenga presente como punto de partida.

Lo que está en juego con 22 congresistas

La instalación del nuevo Congreso abre una oportunidad concreta: con una bancada tan numerosa, el Valle del Cauca tiene, al menos en el papel, más capacidad de incidencia que en cualquier legislatura reciente. Proyectos como el propio Tren de Cercanías, el dragado del canal de Buenaventura, la vía Mulaló-Loboguerrero y la modernización del aeropuerto de Palmira seguirán en la agenda, ahora bajo un gobierno nacional distinto y con una correlación de fuerzas que, en principio, es más favorable a los intereses regionales.

El reto para los 22 congresistas —de todos los partidos representados, incluido el Pacto Histórico— será demostrar que la representación numérica se traduce en gestión efectiva. La región ya vivió cuatro años en los que, según sus propios gremios y autoridades, el peso político no fue suficiente para destrabar proyectos estratégicos. La expectativa, esta vez, es que la historia no se repita.