A escaso un mes de que se cumpla el rito constitucional del 7 de agosto, la política colombiana demuestra, una vez más, que no es apta para cardíacos. Cuando el país empezaba a digerir los resultados y a mirar de reojo la conformación del nuevo gabinete, el presidente saliente, Gustavo Petro, sacudió el tablero político al anunciar su respaldo irrestricto a la demanda que busca la nulidad de las elecciones ganadas por Abelardo De La Espriella.
El anuncio no es un simple pataleo de ahogado; es una estrategia jurídica y política de largo alcance fría y calculada. Liderada en los estrados por el exmagistrado Luis Guillermo Pérez, la acción que se radicará este 7 de julio ante el Consejo de Estado no solo pretende abrir un debate de fondo sobre la validez del proceso electoral, sino que busca un golpe de efecto inmediato: una medida cautelar que congele la posesión del presidente electo.
Los argumentos puestos sobre la mesa por Pérez abren un terreno pantanoso. Por un lado, se reviven los fantasmas de una campaña caracterizada por la polarización extrema, llevando al plano penal denuncias de violencia psicológica e instigación a delinquir. Por el otro, se apela a un vacío interpretativo en la Carta Política respecto a la doble nacionalidad de De La Espriella, argumentando un presunto conflicto de intereses y un debate sobre la lealtad constitucional que promete encender las academias de derecho público del país.
Sin embargo, el dato político más relevante no está en los códigos, sino en la narrativa de la calle. Al acuñar el término de “resistencia activa”, Gustavo Petro delinea lo que será su rol a partir del próximo mes: el jefe indiscutible de una oposición que no dará tregua. Consciente del polvorín sobre el que camina el país, el mandatario saliente se cuidó en salud y fue enfático al calibrar su discurso: la resistencia debe ser estrictamente judicial y pacífica. “Ningún progresista debe responder con violencia”, sentenció. Una frase que busca legitimidad institucional pero que, al mismo tiempo, mantiene en estado de alerta a sus bases.
La pelota queda ahora en el tejado del Consejo de Estado. Los magistrados tendrán la histórica responsabilidad de resolver una solicitud de suspensión provisional que, de ser aceptada, sumergiría al país en una incertidumbre institucional sin precedentes modernos. Si la demanda prospera, el choque de trenes está asegurado; si es rechazada, De La Espriella llegará a la Plaza de Bolívar con un blindaje judicial renovado.
Lo único cierto es que la transición no será un traspaso de banderas pacífico ni protocolario. Colombia entra en un limbo de demandas, medidas cautelares y tensiones de balcón. La batalla por el poder ya no se juega en las urnas; ahora se librará en los expedientes.
