Sin salida: El mundo ahora busca a los responsables del atentado contra Uribe Turbay

El caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay no solo es uno de los hechos más graves en la historia reciente de Colombia. También se ha convertido en un punto de quiebre para analizar los alcances —y los riesgos— de la política de “paz total”.

Uno de los elementos más delicados es la situación de alias “Zarco Aldinever”, señalado como el presunto cerebro del crimen. En abril de 2024, su orden de captura fue suspendida junto a la de otros miembros de la Segunda Marquetalia, como parte de los acercamientos de paz promovidos por el Gobierno.

La lógica detrás de esta decisión era clara: permitir negociaciones sin la presión de la persecución judicial. Sin embargo, el tiempo y los hechos abrieron un debate inevitable.

Meses después, en junio de 2024, se instaló en Caracas una mesa de diálogos con esta disidencia. Pero el proceso no tardó en fracturarse. Para noviembre, Iván Márquez desconocía los avances, mientras otras estructuras continuaban por separado.

El punto más crítico llega cuando se cruzan dos líneas de tiempo:
mientras avanzaban estos procesos, se estaba gestando un crimen que terminaría sacudiendo la democracia colombiana.

Tras el atentado, las órdenes de captura fueron reactivadas en 2025.
Para muchos, demasiado tarde.

Aquí no se trata de deslegitimar los procesos de paz, que históricamente han sido necesarios en Colombia. Pero sí de plantear una pregunta incómoda:

¿qué pasa cuando, en nombre de la paz, se toman decisiones que pueden debilitar la capacidad del Estado para actuar frente a quienes terminan cometiendo crímenes de alto impacto?

El riesgo no es menor.
Porque si los responsables de un magnicidio logran evadir la justicia en medio de procesos fallidos o fragmentados, el mensaje es devastador.

No solo para las víctimas.
También para la institucionalidad.

La paz no puede construirse sobre la incertidumbre de la justicia.
Y mucho menos sobre la posibilidad de que los responsables de los peores crímenes terminen sin responder ante la ley.

Ese es el verdadero debate que hoy tiene Colombia.

Y es un debate que apenas comienza.