Una revisión a la contratación del Gobierno del presidente Gustavo Petro desde 2022 reveló la firma de más de 80.700 contratos por cerca de $31 billones con asociaciones populares, en medio de cuestionamientos por bajos niveles de ejecución y debilidades en los mecanismos de control.
La información, conocida a través de un derecho de petición, muestra que estos contratos fueron celebrados con juntas de acción comunal, cabildos indígenas, consejos comunitarios y resguardos, como parte de la política de fortalecimiento de la economía popular impulsada por el Gobierno.
Uno de los principales puntos de preocupación es el nivel de ejecución. De los más de 55.000 contratos firmados con asociaciones comunales, solo una fracción aparece como terminada, mientras que la mayoría continúa en estados como “en ejecución”, “modificado” o “celebrado”.
Este panorama ha generado críticas sobre la capacidad de las organizaciones y de las entidades estatales para llevar a buen término los proyectos financiados con recursos públicos.
Según los datos disponibles, la mayor parte de los recursos se concentró en asociaciones comunales, con más de $25 billones en contratos.
También se registran:
A pesar de estas cifras, los avances en obras y proyectos no reflejan, en muchos casos, la magnitud de la inversión.
Entidades como la Contraloría han advertido riesgos relacionados con la ejecución de estos recursos, especialmente en lo referente a:
Además, se ha señalado que una parte de los recursos habría sido entregada bajo esquemas que dificultan su seguimiento, lo que incrementa las alertas sobre transparencia.
El modelo de contratación directa utilizado en estos casos fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, que decidió tumbar artículos del Plan Nacional de Desarrollo que permitían este tipo de esquemas.
El alto tribunal concluyó que se excedieron los límites legales al habilitar mecanismos de contratación sin suficiente precisión normativa, lo que abre un debate sobre la legalidad y conveniencia de estas prácticas.
Uno de los programas más representativos es “Caminos Comunitarios de la Paz Total”, que buscaba intervenir 33.000 kilómetros de vías rurales.
Sin embargo, los reportes indican que solo se ha avanzado en una proporción reducida de la meta, lo que ha generado nuevas críticas sobre la efectividad de la estrategia.
Aunque el Gobierno ha defendido este modelo como una forma de fortalecer la participación de las comunidades y acelerar la inversión en territorios históricamente excluidos, expertos han advertido que el problema no radica en el enfoque, sino en la ejecución.
El debate se centra ahora en garantizar que estos recursos cuenten con controles adecuados, transparencia y resultados verificables, especialmente en un contexto de alta sensibilidad política y fiscal.
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