Radican proyecto en el Congreso para penalizar el uso de capuchas y endurecer penas por vandalismo en protestas

Un nuevo proyecto de ley fue radicado en el Congreso de la República con el propósito de endurecer las sanciones contra quienes oculten su identidad y participen en actos de vandalismo durante manifestaciones públicas. La iniciativa busca modificar el Código Penal para establecer penas de prisión y multas económicas significativas para los infractores.

Detalles clave de la iniciativa

• Autores y respaldos: El proyecto es impulsado por los representantes Julio César Triana (Cambio Radical) y Jaime Arizabaleta (Centro Democrático), junto a los congresistas Andrés Guerra, Guillermo Alvira, Luis Eduardo Díaz, Germán Rodríguez, Daniel Briceño y Juan David Londoño.

• Sanciones propuestas: Quien cometa actos vandálicos aprovechando el anonimato durante una movilización enfrentará penas de 54 a 96 meses de prisión, además de multas que oscilan entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

• Agravantes: La condena aumentará en dos tercios si los involucrados utilizan objetos peligrosos artesanales, explosivos, sustancias nocivas o cualquier medio destinado a lesionar personas o causar destrozos en bienes públicos y privados.

• Afectación a vías: La normativa también castiga con la misma pena de prisión, multas e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas a quienes, por medios ilícitos,inciten, dirijan o faciliten el bloqueo temporal o permanente de vías de infraestructura y transporte que comprometan la seguridad alimentaria, la salud pública o la humanidad.

El debate sobre el anonimato y la protesta

Los congresistas autores de la propuesta aclararon que la medida respeta y garantiza el derecho fundamental a la protesta pacífica consagrado en la Constitución Política. Asimismo, señalaron como referencia antecedentes internacionales como la “Ley Antiencapuchados” en Chile, implementada tras las revueltas de 2019, y las regulaciones con consecuencias penales vigentes en Guatemala, cuyo objetivo central es desincentivar el uso del anonimato para cometer delitos.

Se prevé que esta propuesta desate un intenso debate legislativo y social, polarizando posturas en el Congreso, especialmente al contraponerse con otras iniciativas radicadas recientemente por sectores de izquierda enfocadas en ampliar las garantías para los manifestantes.