El asesinato del exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay entra en una nueva etapa tras la revelación de un testimonio clave que reconstruye la planeación, ejecución y financiación del crimen que sacudió a Colombia en 2025.
Según una investigación periodística, Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, ya condenado por su participación, aseguró ante la Fiscalía que la orden provino de la Segunda Marquetalia, estructura armada ilegal liderada por Iván Márquez.
De acuerdo con su declaración, la instrucción directa habría sido impartida por alias “Zarco” Aldinever, uno de los comandantes de esa organización.
El testimonio ubica a alias “El Viejo” como un enlace clave entre los autores intelectuales y la red que ejecutó el atentado, detallando reuniones clandestinas, contactos en la frontera con Venezuela y una estructura jerárquica definida.
La coordinación operativa habría estado a cargo de Kendry Téllez Álvarez, alias “Yako”, señalado como el articulador del plan y actualmente prófugo.
El relato indica que la operación fue meticulosamente estructurada:
En la fase final, un menor de edad fue reclutado como autor material, mientras otros integrantes se encargaron de la logística, transporte del arma y seguimiento del objetivo.
Uno de los aspectos más impactantes de la confesión es el componente económico:
Según el testimonio, el pago dependía de la muerte del objetivo, lo que retrasó la entrega del dinero hasta el fallecimiento del dirigente el 11 de agosto de 2025.
La confesión también revela un plan para evitar que las autoridades llegaran a los autores intelectuales.
El dinero destinado a este fin habría sido utilizado para:
Este elemento evidencia la dimensión del entramado criminal y su capacidad de influencia.
Alias “El Viejo” fue capturado en una finca en el Meta tras permanecer oculto durante meses. Posteriormente, aceptó cargos mediante preacuerdo con la Fiscalía.
Fue condenado a 22 años y 4 meses de prisión por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.
Durante la audiencia, pidió perdón a la familia de la víctima, reconociendo el impacto del crimen.
Tras conocerse la confesión, la familia del dirigente exigió avanzar hacia la identificación de los autores intelectuales.
Su padre insistió en que el país necesita conocer toda la verdad y sostuvo que el asesinato no fue un hecho aislado, sino un ataque con implicaciones políticas profundas.
El caso también ha generado fuertes reacciones en el escenario político.
La candidata presidencial Paloma Valencia calificó las revelaciones como “tenebrosas” y pidió explicaciones públicas sobre posibles responsabilidades políticas.
Esto ha intensificado el debate sobre la relación entre grupos armados, procesos de paz y seguridad electoral en Colombia.
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