La narrativa de la “superioridad moral” en la política colombiana ha recibido un golpe de gracia. El Partido Alianza Verde, aquella colectividad que nació bajo la promesa de que “los recursos públicos son sagrados”, hoy se enfrenta a su hora más oscura. Lo que antes era un color asociado a la esperanza y la ética, hoy parece teñirse del gris oscuro de los pasillos de la UNGRD.
Como bien lo ha señalado el analista Aurelio Suárez, no estamos ante hechos aislados, sino ante lo que parece ser el partido “más manchado de corrupción” dentro de la actual administración. Las revelaciones sobre figuras de la talla de Sandra Ortiz e Iván Name en el esquema de sobornos de la Unidad de Gestión de Riesgos no son simples “manzanas podridas”; son el síntoma de una colectividad que, al acercarse a las mieles del poder nacional, parece haber olvidado sus manuales de transparencia.
Pero la crisis no se queda en los despachos de Bogotá. En el Valle del Cauca, el departamento es testigo de cómo la “ola verde” ha mutado en una estructura que genera más dudas que certezas. El nombre del representante Duvalier Sánchez aparece hoy en el centro de un entramado que mezcla lo público con lo privado de forma alarmante.
La Corporación Pi3nsa se ha convertido en el talón de Aquiles del congresista. Las denuncias sobre presuntas irregularidades en contratos y los vínculos con excolaboradores de su entorno sugieren que la “renovación” que Sánchez pregona en redes sociales podría ser, en realidad, una maquinaria bien aceitada con recursos estatales. ¿Es Pi3nsa una entidad técnica o un vehículo de financiación y posicionamiento político? La respuesta que espera la ciudadanía no son videos de TikTok, sino rendiciones de cuentas reales ante los entes de control.
El capítulo del catastro multipropósito en municipios como Jamundí y Palmira termina de configurar este sombrío panorama. Bajo la bandera de “que pague más el que más tiene”, lo que se ha visto en el terreno es un golpe brutal al bolsillo de campesinos y pequeños propietarios, con avalúos que se dispararon hasta un 700%.
La sombra de Duvalier Sánchez sobre el modelo de Jamundí —donde fungió como asesor clave— es ineludible. El uso de operadores privados y subcontrataciones, en lugar de fortalecer la institucionalidad del IGAC, deja un sabor amargo: el de un modelo diseñado para recaudar a toda costa, beneficiando en el camino a particulares cercanos al círculo verde.
La fractura interna liderada por voces como la de Angélica Lozano es el último grito de auxilio de un sector que se resiste a ver cómo el partido se hunde en el clientelismo. Sin embargo, mientras el Verde siga en el Gobierno defendiendo cuotas en el SENA o el ICA, y mientras sus figuras regionales no aclaren sus vínculos con corporaciones y contratos, el eslogan de que “la vida es sagrada” quedará reducido a una amarga ironía.
Colombia no necesita más “máquinas” disfrazadas de esperanza. Si el Partido Verde no se depura desde sus bases y entrega explicaciones claras sobre el manejo del catastro y sus vínculos con la UNGRD, terminará siendo recordado no por su ecología, sino por haber perfeccionado las prácticas que una vez prometió combatir.
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