El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó este sábado que el decreto de emergencia económica impulsado por el Gobierno Nacional ya fue firmado por todos los ministros y por el presidente Gustavo Petro, y que será radicado ante la Corte Constitucional para su respectiva revisión.
Durante una rueda de prensa, Benedetti ratificó que dentro del paquete de medidas sí está incluido el aumento del Gravamen a los Movimientos Financieros, que pasará del actual 4×1000 al 5×1000, una de las disposiciones que más controversia ha generado entre ciudadanos, gremios y expertos económicos.
“El decreto ya está firmado y será enviado a la Corte Constitucional para que haga el estudio correspondiente”, aseguró el ministro.
De acuerdo con lo informado por el Gobierno, el decreto busca recaudar cerca de 16 billones de pesos para financiar el presupuesto del próximo año, tras el hundimiento de la reforma tributaria —o ley de financiamiento— en el Congreso.
Entre las medidas contempladas están:
Aumento del 4×1000 al 5×1000 en el Gravamen a los Movimientos Financieros
IVA del 19% para licores y juegos de suerte y azar en línea
Impuesto del 1% a la extracción de carbón
Impuesto al patrimonio
Incremento en la contribución por ganancias ocasionales
Nuevos gravámenes a la gasolina
Según Benedetti, estas disposiciones buscan “recuperar los ingresos necesarios para equilibrar el presupuesto aprobado por el Congreso”.
El anuncio de la emergencia económica fue hecho inicialmente por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, luego de que el Congreso negara la ley de financiamiento que pretendía cerrar el hueco fiscal del presupuesto.
Ávila explicó que el Gobierno se vio obligado a acudir a esta figura excepcional para garantizar los recursos necesarios y evitar una afectación en la ejecución del gasto público. “Son recursos tributarios que el Gobierno va a solicitar a través de esta emergencia, similares a los propuestos en la ley de financiamiento”, afirmó.
El decreto será analizado por la Corte Constitucional una vez el alto tribunal regrese de su vacancia judicial, instancia que definirá si la emergencia se ajusta a la Constitución o si, por el contrario, es declarada inexequible.
La decisión del Gobierno ha despertado fuertes cuestionamientos desde sectores jurídicos, económicos y gremiales, que advierten que la emergencia económica no cumpliría los requisitos constitucionales.
Uno de los puntos centrales de la crítica es la ausencia de un “hecho sobreviniente”, es decir, un evento imprevisto que no pudiera resolverse por las vías ordinarias.
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo fue contundente:
“El Gobierno sabía que el presupuesto estaba desfinanciado y que la ley de financiamiento podía ser negada. No hay ningún hecho sobreviniente”.
En la misma línea, el exministro José Antonio Ocampo sostuvo que la medida carece de sustento constitucional y recordó que la emergencia económica no puede usarse para corregir decisiones previamente conocidas.
Desde los centros de pensamiento, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, cuestionó la magnitud de la crisis alegada:
“Los 16 billones representan menos del 3% del presupuesto total. Es difícil argumentar que eso constituya una catástrofe económica”.
Por su parte, Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, advirtió sobre el riesgo institucional de “revivir por decreto lo que el Congreso ya negó”, señalando que aún existen alternativas como el ajuste y la reordenación del gasto.
Mientras el Gobierno defiende la legalidad y necesidad de la emergencia económica, la atención se centra ahora en la Corte Constitucional, que deberá evaluar si el decreto cumple con los estrictos requisitos que exige la Carta Política.
La decisión del alto tribunal será clave para definir si el paquete de nuevos impuestos, incluido el 5×1000, entra en vigencia o queda sin efecto.
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