La política colombiana asiste a un síntoma clásico de mutación y desgaste: la propensión de los grandes movimientos a implosionar no por la presión externa, sino por las contradicciones internas. El Pacto Histórico, la coalición que rompió el monopolio del poder tradicional en el país, atraviesa hoy una doble crisis que pone a prueba su disciplina ideológica, su coherencia ética y su capacidad de supervivencia institucional. En una misma semana, el movimiento ha debido lidiar con una fractura legislativa que rozó peligrosamente la sombra del uribismo y con un cisma de bases provocado por el protagonismo otorgado a figuras de origen digital ajenas a la liturgia histórica de la izquierda.
La fractura por el caso de Álvaro Uribe
La primera de estas grietas se abrió en el terreno donde la legalidad y la memoria histórica convergen con mayor sensibilidad: la justicia. El detonante ocurrió en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, cuando cinco congresistas del oficialismo —Gabriel Becerra, David Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez y Jorge Bastidas— votaron a favor de una proposición para reclamar el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe por crímenes tan emblemáticos como las masacres de El Aro, La Granja y el homicidio de Jesús María Valle. La jugada, concebida supuestamente como una revisión de competencias, desató un terremoto ético.
Voces de la talla del senador Iván Cepeda y del abogado de víctimas Miguel Ángel del Río no tardaron en calificar la decisión como inaceptable, advirtiendo que desplazar el proceso desde la Fiscalía hacia una célula política en el Congreso equivalía a entregar el caso a la atrofia institucional y a un potencial manto de impunidad. Ante la presión unánime de las víctimas y el rechazo de la propia Fiscalía, los cinco parlamentarios debieron recular mediante un comunicado en el que aseguraron que “no existe ningún pacto con el uribismo”. No obstante, el daño político estaba hecho: la bancada evidenció una preocupante desconexión operativa en temas de justicia transicional y derechos humanos, un pilar fundacional del progresismo.
La polémica de Gabriela Muñoz y el silencio regional
Si la crisis en el Congreso puso en entredicho el tacto institucional del partido, el malestar desatado en las bases por el ascenso de Gabriela Muñoz evidenció una fractura de carácter generacional y ético. La irrupción de esta joven influencer de 19 años en la Dirección Nacional del partido, de la mano del expresidente Gustavo Petro para asumir la estrategia digital y de comunicaciones, cayó como un baldado de agua fría entre los militantes veteranos. El rechazo no surge del vacío; Muñoz venía de enfrentar señalamientos por presunto tráfico de influencias y control de nombramientos en la Aeronáutica Civil, denunciados en su momento por figuras como Angie Rodríguez y el concejal Daniel Briceño.
Mientras la militancia de larga trayectoria reclama meritocracia y pulcritud ante los escándalos de contratación, Petro ha salido en su defensa argumentando un vínculo estrictamente profesional y pidiendo blindar su seguridad frente al retiro de esquemas de protección por parte de la UNP. Por su parte, Muñoz ha calificado los cuestionamientos de ataques misóginos orientados a minimizar su agencia política. Más allá de las defensas y los argumentos de género, este pulso refleja una tensión latente en la izquierda contemporánea: el choque entre la vieja guardia, forjada en la academia, el sindicato y la calle, y una nueva tecnocracia digital impulsada por lógicas de visibilidad y redes sociales.
En este escenario de tensiones cruzadas, llama poderosamente la atención el silencio sepulcral del ala radical del Pacto Histórico en el Valle del Cauca. Figuras visibles de la orilla más combativa del movimiento en la región —como Ana Erazo, Alfredo Mondragón, Wilson Arias, Alexander López y Kevin Gómez— han optado por mantenerse callados o por direccionar sus ataques únicamente a aquello que conviene a sus cálculos particulares. Este silencio selectivo frente a los escándalos de contratación y las fracturas directivas demuestra que el dogmatismo regional a menudo cede ante el pragmatismo del cálculo político, dejando a las bases sin referentes éticos firmes cuando los cuestionamientos rozan las altas esferas del poder.
Conclusión
Ambos episodios revelan que el Pacto Histórico transita por una encrucijada de madurez. Un movimiento que aspira a transformar las estructuras del Estado no puede permitirse titubeos procesales frente a los grandes crímenes de la historia reciente, ni fracturar la confianza de sus bases mediante la improvisación en sus cuadros de dirección, ni tolerar la complicidad del silencio cómplice en sus liderazgos territoriales. La doble crisis actual funciona como un espejo incómodo: o el progresismo colombiano recompone sus cauces éticos y su disciplina interna, o terminará consumido por las mismas dinámicas de pragmatismo y desconexión ciudadana que prometió erradicar.
