En el convulso tablero político del Valle del Cauca, una contradicción ética ha comenzado a generar indignación: el doble rasero de la concejal de Cali, Ana Erazo. Mientras la cabildante mantiene una ofensiva mediática contra la gestión departamental, su voz se apaga convenientemente frente a los escándalos de corrupción y despilfarro que sacuden al Gobierno Nacional de Gustavo Petro.
La senadora Norma Hurtado salió al paso de los ataques de Erazo, calificándolos como una estrategia de desinformación. Hurtado defendió la inversión en comunicaciones de la Gobernación del Valle como un puente vital para que los ciudadanos accedan a programas sociales. Las cifras respaldan la gestión regional:
1er lugar en desempeño institucional a nivel nacional.
2.500 empleos formales generados.
5.800 jóvenes becados y 2.5 millones de raciones de comida entregadas.
El punto más oscuro que la concejal Erazo parece ignorar es la presunta trama de corrupción técnica en el nivel central. Hurtado denunció convenios por $313.000 millones en el DAPRE y el Ministerio del Interior que, según la congresista, habrían sido diseñados para evadir la Ley 80 (Ley de Contratación Pública).
Esta maniobra permite la contratación “a dedo” y sin licitaciones transparentes, una práctica que la concejal fustiga en lo local pero calla en lo nacional. ¿Dónde está el rigor de Erazo frente a este posible asalto al tesoro público?
Al esquema de opacidad en la contratación se suma el derroche desenfrenado. La senadora cuestionó la autoridad moral de quienes critican al Valle pero guardan silencio ante:
$23.000 millones destinados exclusivamente a la “estrategia de imagen” del Presidente.
Gastos suntuarios en el entorno de la Primera Dama, incluyendo estilistas y lujos personales pagados con impuestos de los colombianos.
La postura de Ana Erazo ha sido calificada como una “ética de bolsillo”: dura con los opositores, pero ciega ante las irregularidades de sus aliados. “Hacer política no puede convertirse en una forma de desinformar”, sentenció Hurtado, dejando claro que el control político pierde toda validez cuando se convierte en una herramienta de protección para el despilfarro y la corrupción centralista.
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