Un nuevo proyecto de ley fue radicado en el Congreso de la República con el propósito de endurecer las sanciones contra quienes oculten su identidad y participen en actos de vandalismo durante manifestaciones públicas. La iniciativa busca modificar el Código Penal para establecer penas de prisión y multas económicas significativas para los infractores.
Detalles clave de la iniciativa
Autores y respaldos: El proyecto es impulsado por los representantes Julio César Triana (Cambio Radical) y Jaime Arizabaleta (Centro Democrático), junto a los congresistas Andrés Guerra, Guillermo Alvira, Luis Eduardo Díaz, Germán Rodríguez, Daniel Briceño y Juan David Londoño.
Sanciones propuestas: Quien cometa actos vandálicos aprovechando el anonimato durante una movilización enfrentará penas de 54 a 96 meses de prisión, además de multas que oscilan entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Agravantes: La condena aumentará en dos tercios si los involucrados utilizan objetos peligrosos artesanales, explosivos, sustancias nocivas o cualquier medio destinado a lesionar personas o causar destrozos en bienes públicos y privados.
Afectación a vías: La normativa también castiga con la misma pena de prisión, multas e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas a quienes, por medios ilícitos,inciten, dirijan o faciliten el bloqueo temporal o permanente de vías de infraestructura y transporte que comprometan la seguridad alimentaria, la salud pública o la humanidad.
El debate sobre el anonimato y la protesta
Los congresistas autores de la propuesta aclararon que la medida respeta y garantiza el derecho fundamental a la protesta pacífica consagrado en la Constitución Política. Asimismo, señalaron como referencia antecedentes internacionales como la “Ley Antiencapuchados” en Chile, implementada tras las revueltas de 2019, y las regulaciones con consecuencias penales vigentes en Guatemala, cuyo objetivo central es desincentivar el uso del anonimato para cometer delitos.
Se prevé que esta propuesta desate un intenso debate legislativo y social, polarizando posturas en el Congreso, especialmente al contraponerse con otras iniciativas radicadas recientemente por sectores de izquierda enfocadas en ampliar las garantías para los manifestantes.
