Hay obras públicas que se construyen con cemento, acero y presupuesto. Y hay otras que, además, terminan convertidas en un retrato de las dificultades del Estado para ejecutar lo que planea. La cárcel de máxima seguridad Renacer, en Sabanas de San Ángel, Magdalena, parece encajar en esta segunda categoría.
El proyecto, concebido durante el gobierno de Iván Duque y contratado en diciembre de 2019, fue diseñado para aportar 1.974 nuevos cupos al sistema penitenciario colombiano. La entrega estaba prevista para 2022. Sin embargo, casi cinco años después, la infraestructura todavía no entra en funcionamiento.
Hoy registra cerca del 88 % de ejecución, pero también acumula aproximadamente 49 meses de retraso frente al cronograma inicial. A esto se suma un incremento de 57,6 % en su valor contractual, que llevó el costo de $183.630 millones a $289.401 millones.
La cifra resulta especialmente significativa porque la cárcel todavía necesita recursos adicionales para completar su dotación y permitir su operación. Según la información remitida a la Corte Constitucional, se estimaron otros $43.000 millones para completar ese proceso.
Es decir, construir una cárcel no termina cuando se levanta el último muro. También hay que dotarla, garantizar servicios públicos, asegurar las vías de acceso, poner en funcionamiento sus sistemas de tratamiento de agua, garantizar la seguridad y disponer del personal necesario para operarla.
Una obra atrapada entre retrasos y dificultades
Renacer comenzó su recorrido contractual en diciembre de 2019. El proyecto fue adjudicado al Consorcio Fundación 2020, integrado por Construcción Con-Unión Ltda., Meyan S.A., AMR Construcciones S.A.S. y Constructora Amco.
Pero el cronograma original pronto comenzó a alejarse de la realidad.
A las dificultades propias de una obra de esta magnitud se sumaron problemas relacionados con los estudios y diseños, permisos ambientales, suministro de agua, consulta previa con comunidades indígenas, dificultades presupuestales, condiciones climáticas y seguridad.
La pandemia también golpeó el desarrollo del proyecto.
Posteriormente, la situación de seguridad adquirió una dimensión adicional. De acuerdo con documentación citada en la investigación, en 2023 se presentó un atentado atribuido al Clan del Golfo contra trabajadores de la obra y personal de la interventoría.
La construcción terminó suspendida durante aproximadamente 14 meses.
Para cualquier proyecto de infraestructura, una suspensión de más de un año representa un golpe considerable. En una obra penitenciaria, además, significa mantener congelados recursos, cronogramas y decisiones administrativas mientras el sistema carcelario continúa enfrentando sus propias necesidades.
El problema no es solamente cuánto costó
El incremento del presupuesto es, sin duda, uno de los aspectos que más llaman la atención.
Pasar de $183.630 millones a $289.401 millones representa un aumento considerable. Pero más allá de la cifra, el caso plantea una pregunta más amplia: ¿qué tan rigurosamente fueron calculados los costos, riesgos y necesidades del proyecto cuando se contrató?
Una auditoría de cumplimiento de la Contraloría, realizada en 2025, identificó “debilidades sustanciales” en la planeación integral, incluyendo problemas relacionados con cronogramas y estimación de costos.
La documentación conocida también señala que durante la ejecución aparecieron riesgos que no habían sido previstos adecuadamente, entre ellos asuntos de seguridad, disponibilidad presupuestal y licencias ambientales.
Aquí aparece uno de los grandes problemas de la contratación pública colombiana: una obra puede tener un contrato, un presupuesto y una fecha de entrega, pero eso no significa que todos los riesgos hayan sido realmente calculados.
Cuando esos riesgos aparecen durante la ejecución, las consecuencias suelen traducirse en suspensiones, adiciones presupuestales y modificaciones de los cronogramas.
Y finalmente es el Estado —y por extensión los ciudadanos— quien debe asumir el costo de resolverlos.
El reto de convertir una estructura en una cárcel funcional
La administración de Abelardo De La Espriella ha decidido poner a Renacer nuevamente en el centro de su agenda penitenciaria.
La directora de la Uspec, Isidora Fernández, recibió la instrucción de avanzar en las obras y destrabar los asuntos pendientes. Una comitiva interinstitucional ya recorrió las instalaciones para revisar el estado del proyecto.
La meta es clara: terminar la infraestructura y poner en funcionamiento sus 1.974 cupos.
El complejo contempla siete pabellones de reclusión, aulas, talleres, áreas de sanidad, sistemas de tratamiento de agua potable y aguas residuales, espacios para alimentación y manejo de residuos, además de instalaciones para el personal de custodia y vigilancia.
Pero precisamente allí aparece otro desafío.
Una cárcel no se soluciona únicamente con cupos.
Cada nuevo establecimiento requiere guardias, personal administrativo, servicios de salud, alimentación, seguridad, mantenimiento, transporte y sistemas de vigilancia. También necesita recursos permanentes para funcionar.
Por eso, el verdadero indicador del éxito de Renacer no será solamente el porcentaje de avance de la obra. Será el día en que pueda recibir internos y operar de manera estable.
Una promesa que todavía tiene fecha por definir
El contratista proyecta culminar las obras durante el primer semestre de 2027. La Gobernación del Magdalena, por su parte, ha señalado que existe una fecha prevista para la inauguración, aunque esta no ha sido divulgada públicamente.
La expectativa es comprensible.
Colombia necesita ampliar y mejorar su infraestructura penitenciaria, especialmente en un contexto en el que el Gobierno plantea utilizar establecimientos de máxima seguridad para aislar a personas consideradas de alta peligrosidad y evitar que continúen ejerciendo control criminal desde las cárceles.
Pero precisamente por la importancia de ese objetivo, Renacer merece algo más que una inauguración.
Necesita transparencia sobre cuánto terminará costando, qué recursos adicionales requiere, cuándo comenzará realmente a operar y cuáles serán los costos anuales de funcionamiento.
Porque el país ya conoce la historia de grandes obras que se anuncian con fechas ambiciosas y terminan años después, con presupuestos mayores y explicaciones más complejas.
Renacer todavía puede convertirse en una infraestructura importante para el sistema penitenciario. Con un avance cercano al 88 %, sería difícil justificar que una obra de semejante magnitud permanezca indefinidamente sin entrar en operación.
Pero también sería un error presentar los 1.974 cupos como una solución automática a los problemas carcelarios.
La pregunta fundamental no es solamente cuándo terminarán de construir Renacer.
La verdadera pregunta es si el Estado será capaz de hacer que funcione, cuánto costará finalmente y si esta vez los plazos y presupuestos estarán a la altura de lo prometido.
En infraestructura penitenciaria, terminar una obra es apenas el comienzo.
