A pocos días de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, la lupa política vuelve a posarse sobre los nombramientos de última hora. En las últimas horas, el medio de comunicación Esto es Cali sacó a la luz una delicada denuncia que pone en evidencia la presunta adjudicación de notarías clave en la capital del Valle a dirigentes, asesores y personas de estrecha confianza de congresistas y líderes del Pacto Histórico en la región.
El informe pone sobre la mesa una vieja práctica de la política nacional que la actual administración prometió erradicar, desatando cuestionamientos bajo el interrogante: ¿Este era el cambio?
La investigación detalla nombres y contratos que evidencian un cruce directo entre la contratación pública previa y las designaciones notariales firmadas desde el Ejecutivo.
La Notaría 23 y Óscar Alarcón: Uno de los nombramientos señalados recae sobre el abogado Óscar Alarcón Cuéllar, designado como notario de la Notaría 23 mediante el Decreto 0794 del 22 de julio de 2026. Alarcón, egresado de la Universidad Santiago de Cali y fundador de Alarcón Abogados, no es un desconocido en los pasillos del poder legislativo. Según la denuncia, el nuevo notario ha acumulado contratos por más de $200 millones con el Senado, cerca de $50 millones con la Cámara de Representantes y aproximadamente $290 millones con el Concejo de Cali, prestando asesorías jurídicas a fichas de peso de la izquierda vallecaucana como el senador Wilson Arias y el representante Alfredo Mondragón, además del concejal Sergio Mauricio Zamora.
La Notaría 20 y el entramado local: El informe también apunta a la designación de Jorge Armando Ruiz Viveros al frente de la Notaría 20 de Cali. Ruiz Viveros se desempeñó previamente como asesor de la hoy representante a la Cámara Ana Leidy Erazo Ruiz durante su paso por el Concejo distrital, compartiendo además lazos familiares con la congresista.
El caso de Ritter López: A estos nombramientos se suma el de Ritter López —padre del excongresista Julián López—, quien de acuerdo con la publicación también habría resultado beneficiado con una notaría en medio de este paquete de designaciones del alto gobierno.
La adjudicación de notarías ha sido históricamente señalada como un mecanismo de pago de favores políticos y blindaje burocrático debido a la estabilidad y relevancia económica de estos cargos. Que estas resoluciones se firmen en la recta final de un mandato presidencial reactiva los fantasmas del clientelismo y golpea de manera directa el discurso ético y de renovación institucional que impulsó el Pacto Histórico desde su llegada al poder.
Mientras las críticas crecen desde distintos sectores de la opinión pública, los nombramientos en Cali reabren el debate sobre si las notarías del país continúan funcionando como una moneda de cambio para premiar la lealtad partidista antes de entregar las llaves de la Casa de Nariño.
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